SEGURIDAD CIUDADANA Y
NACIONAL EN COLOMBIA
Las circunstancias especiales que se han registrado en los últimos cincuenta años en
Colombia, relacionadas con la violencia política, han generado una amenaza de una
inusual gravedad para la ciudadanía, exigiendo de la Policía una actitud y una preparación
que también registra unas características especiales que aparentemente la alejan de su
verdadera misión y que la ha hecho calificar como una Policía militarizada por quienes no
conocen la realidad de la situación.
La necesidad de dotar a la Policía de sofisticadas armas para poder hacer frente a la
amenaza de la delincuencia organizada, no significa que por ese solo hecho se haya
entrado en una filosofía militarista, obedece solo a la necesidad de defender a la
ciudadanía de unos delincuentes armados de fusiles y ametralladoras que actúan en
grandes grupos para asesinar, secuestrar, extorsionar y sembrar el terror en la gente de
bien. La Policía Nacional de Colombia ha conservado siempre su vocación civilista y de
acercamiento a la comunidad, son muchos los ejemplos que pudiéramos citar como la
creación de frentes de seguridad ciudadana, la organización de escuelas de seguridad, las
campañas de acercamiento y conocimiento entre la ciudadanía por cuadras, barrios o
sectores que ha resultado determinante para la seguridad y para la toma de conciencia
sobre el aporte que cada ciudadano y cada comunidad debe hacer para su propia
seguridad. El reconocimiento del Alcalde como primera autoridad de policía de la localidad
y el trabajo conjunto con la Policía Nacional para enfrentar la amenaza delincuencial son
demostraciones mas que suficientes para ratificar la concepción civilista de la Policía
colombiana. Diferente es que en ocasiones, especialmente en zonas rurales, se vea en la
necesidad de trabajar con el apoyo de las Fuerzas Militares cuando su capacidad operativa
resulta insuficiente para conjurar la amenaza criminal, caso comparable con la necesaria
coordinación que debe existir con la rama judicial para el manejo de la delincuencia. En
buena hora que la crítica situación que vive nuestro país, se está manejando con una
Policía muy profesional, con el más alto grado de compromiso y entrega al servicio público
y con la intención indeclinable de cumplir con el deber de proporcionar a sus
conciudadanos las condiciones mínimas necesarias para convivir pacíficamente y trabajar
por el desarrollo de la comunidad.
Existen unos factores generadores de delincuencia que producen un efecto facilitador más para el delincuente ocasional que para el habitual, tales como, La pobreza, El desempleo, La falta de oportunidades para una adecuada educación, La impunidad, La falta de un adecuado sistema penitenciario, La corrupción, La desintegración familiar, La violencia intrafamiliar, La violación de los derechos humanos, El desplazamiento forzado.
Todos estos factores que contribuyen a ciertos tipos de delincuencia comun, se pueden
atacar con programas sociales que ofrezcan mayores oportunidades a las gentes menos
favorecidas, en desarrollo de una política de justicia social del Gobierno que debe tender a
convertirse en una política de Estado y no del Gobierno de turno.
También se encuentran muy definidos, nos agentes generadores de violencia y
delincuencia, que corresponden a un mayor grado de amenaza como son,
El terrorismo, La delincuencia derivada, El problema de las drogas ilícitas y
La delincuencia organizada, en bandas, mafias o grupos por modalidades delictivas.
Estos actores de la más peligrosa delincuencia son los que deben recibir una contundente
respuesta por parte del Estado que tiene la obligación de reducir y neutralizar la amenaza
que constituyen para la sociedad estas organizaciones criminales.
Reconocidas las causas de la delincuencia, en lo general y en lo específico por sectores, se
debe diseñar una estrategia que comprometa a todas las autoridades y la comunidad,
para poder interactuar con las soluciones que correspondan a cada una de las entidades o
sectores y obtener los resultados que permitan un oportuno control de todos los motivos de perturbación y de desorden.
La iniciativa la debe tomar cualquiera de las instituciones comprometidas con la seguridad
ciudadana pero generalmente la toma la Policía por cuanto es la institución que más cerca
permanece de la comunidad y quienes más comparten la cotidianidad social. La respuesta
de cada uno de los organismos que deben interactuar debe corresponder a una
coordinación que se establezca en consejos regionales o locales de seguridad ciudadana,
los cuales deben funcionar como una forma de lograr un trabajo policial que
verdaderamente atienda las inquietudes de la comunidad y que se apoye en las
instituciones que deben coadyuvar a la solución de los problemas.
APROXIMACIÓN AL DELITO DE LAS DROGAS ILICITAS
EN COLOMBIA
GENERALIDADES
La economía colombiana se ha visto afectada por el cultivo, procesamiento, tráfico de
drogas ilícitas y por el consecuente lavado de activos como necesario procedimiento para
ingresar de manera legal estos dineros a la economía. Aunque no existen registros exactos
de las repercusiones del problema global de las drogas ilícitas en el país, precisamente por
su carácter de ilegalidad, algunas fuentes afirman que el ingreso anual neto de divisas
producto de esta actividad oscilaba entre el 3.5% y el 6.5% del PIB. Desde hace 10 años
desafortunadamente, Colombia ha sido afectada por esta actividad: a mediados de los
años setenta fue el primer productor mundial de marihuana, en los ochenta y comienzos
de los noventa fue el principal exportador de cocaína, y ahora es un productor importante
de hoja de coca y amapola.
COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILICITAS.
En todos los estudios que se realizan para establecer las circunstancias en que se presenta
el problema de las drogas ilícitas, se observa cómo se destaca el narcotráfico como el más
importante componente y se da entender que es quizás el único, tal vez porque es el
procedimiento que coloca en manos de los consumidores el criminal producto de la droga,
pero en igual forma se deben destacar los otros procesos que antes o después están fortaleciendo este accionar delictivo, los cuales son independientes, conexos e
interdependientes, que requieren tratamientos diferentes y que deben comprometer a
organismos de diferente naturaleza y procedencia.
NARCOCULTIVO.
La población campesina, en buena parte por presión o por ignorancia, ha caído en el error
de cultivar la coca o la amapola, los programas de erradicación son mal entendidos por
este sector de la población y generan problemas de orden social, político y económico,
sumados a los graves daños ecológicos que se causan. El tratamiento que se debe dar es
muy especial con programas de sustitución de cultivos y concientización de la población
comprometida. Las críticas contra el uso del glifo zato ha obligado a emprender costosos
programas de erradicación manual como el que se desarrolla en la sierra de la Macarena
en la actualidad.
NARCOPROCESO.
En esta etapa del ciclo de las drogas ilícitas, se requiere la participación de los países
productores de los insumos químicos utilizados en el proceso para producir la cocaína y la
heroína. Los países productores de hoja de coca y amapola no lo son. Si bien es cierto que
eses químicos son utilizados con fines industriales lícitos, no resulta exagerado pensar que
se pueden ejercer los controles necesarios para que esos insumos no se desvíen hacia las
organizaciones criminales de las drogas ilícitas.
NARCOTRAFICO.
Este procedimiento que lleva el ilegal producto a los mercados del mundo consumidor,
también debe ser perseguido no solo por los países productores sino también por los
consumidores y por los que son utilizados como puntos de transito. Algunas autoridades
se quejan de la falta de cooperación de algunos países que son utilizados como solo
puertos de transito. Si esto es así, se desconoce que el negocio de las drogas ilícitas, por
donde pasa deja violencia y destrucción y es bueno que quienes lo hemos vivido ya, se lo
digamos con la mejor intención.
NARCOCONSUMO.
Si se lograra reducir la demanda con efectivos programas para controlar el consumo,
disminuiría la demanda y se desestimularía la producción. Si hay compradores
seguramente habrá productores en cualquier parte. Ya se están escuchando comentarios sobre la posibilidad de incremento de cultivos en países como Perú y Bolivia, ante la
ofensiva que se presenta en Colombia.
NARCOECONOMIA.
Los dineros de este criminal negocio van a muchos lugares y requieren una respuesta
conjunta para perseguirlos y neutralizar el poder económico de las organizaciones
criminales de la droga. No debe interesar que no tengan problemas de cultivos,
procesamiento, consumo y tráfico, les debe interesar la salud del mundo amenazada por
el flagelo de las drogas ilícitas.
MARCO LEGAL
El Código Penal de 2000 tipifica los delitos del narcotráfico en el Título XIII “De los Delitos
contra la Salud Pública”. En su Art. 375 sobre Conservación o Financiación de
plantaciones, afirma que quien sin permiso de la autoridad competente, cultive, conserve
o financie plantaciones de marihuana o cualquier planta de la que pueda producirse
cocaína, morfina o heroína, o más de 1 kilogramo de semillas incurre en prisión de 6 a 12
años y en multas entre 200 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la
cantidad de plantas excede de 20 sin sobrepasar la cantidad de 100, la pena será de 4 a 6
años de prisión y la multa de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta
legislación modifica la norma anterior, Ley 30 de 1986, que en su Art. 32 trataba este
tema aumentando las penas que eran de 4 a 12 años y multas de 100 a 400 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Acerca del tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, el Código de 2000 en su Art.
376 establece que quien sin permiso de la autoridad competente, introduzca al país así
sea en tránsito o fuera de él, transporte, porte, almacene, conserve, elabore, venda,
adquiera, financie o suministre cualquier droga que produzca dependencia, incurre en
prisión de 8 a 20 años y multas entre 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Como en el caso anterior, si las cantidades de drogas no exceden los límites
previstos en la ley se incurre en penas entre 4 y 6 años y multas entre 2 y 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Este articulo modifica la norma anterior, Ley 30 de
1986, modificado por la Ley 365 de 1997, y aumenta las penas previstas para este tipo de delito. La normatividad anterior imponía penas entre 6 y 20 años de prisión y multas entre
100 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También se realizó un
incremento punitivo para los casos de límites máximos y mínimos de drogas ilícitas.
Sobre la destinación ilícita de muebles o inmuebles el Código Penal en su Art. 377 asevera
que quien destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore,
almacene, transporte o venda este tipo de sustancias incurre en prisión de 6 a 12 años y
multas entre 1.000 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este artículo
modifica la Ley 30 de 1986, modificada a su vez por la Ley 365 de 1997 incrementando
los años de prisión para este delito. La legislación anterior preveía penas entre 4 y 12
años. El estímulo al uso ilícito de estupefacientes se encuentra también penalizado en el
Código con multas entre 100 y 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y con 3
a 8 años de prisión.
El tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos se encuentra tipificado en el
Código Penal en su Art. 382: quien introduzca al país, en tránsito o para sacar del mismo,
transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de drogas
ilícitas incurre en prisión entre 6 a 10 años y multas entre 2.000 y 50.000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes. Este artículo modifica la Ley 30 de 1986, modificada a su vez
por la Ley 365 de 1997 incrementando los años de prisión para este delito. La legislación
anterior preveía penas entre 3 y 10 años.
El lavado de activos se encuentra tipificado en el Código Penal, Art. 323: el que adquiera,
resguarde, invierta, transporte, custodie o administre bienes que tengan su origen en
actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de
armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública o vinculados al tráfico
de drogas toxicas, estupefacientes o psicotrópicas, incurre en prisión de 6 a 15 años y
multas entre 500 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta misma pena
se aplica cuando estas conductas se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.
3
Esta tipificación es la misma contenida en la legislación anterior, Ley 365
de 1997.
El testaferrato se encuentra incluido en el Código Penal, en su Art. 326: quien preste su
nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos,
incurre en prisión entre 6 y 15 años y multas entre 500 a 50.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Este artículo modifica el Decreto Ley 1856 de 1989, adoptado como
legislación permanente por el Decreto Extraordinario 2266 de 1991, que preveía penas
entre 5 a 10 años y multas entre 2.000 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
El enriquecimiento ilícito de particulares esta penalizado en el Art.327 como “el que de
manera directa o por interpuesta persona obtenga para si o para otro, incremento
patrimonial no justificado, derivado de una u otra forma de actividades delictivas”, incurre
en prisión entre 6 y 10 años y multas correspondientes al doble del valor de incremento
ilícito logrado sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Este artículo modifica el Decreto Ley 1895 de 1989, adoptado como legislación
permanente por el Decreto Extraordinario 2266 de 1991, que preveía penas entre 5 a 10
años y multas equivalente al valor del incremento ilícito logrado.
Por otra parte, se encuentra la Ley 793 de 2002 sobre la extinción de dominio que a su
vez deroga la ley 333 de 1996.
La ley define la extinción de dominio como la pérdida de este derecho a favor del Estado,
sin contra prestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular. Se declarará
extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando exista incremento patrimonial
injustificado, sin que se explique el origen lícito del mismo; cuando los bienes de que se
trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita; cuando los bienes hayan
sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean
destinadas a éstas, o correspondan al objeto del delito; cuando los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan su origen,
directa o indirectamente, en actividades ilícitas; cuando los bienes hubieren sido
afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o
destinación ilícita no hayan sido objeto de investigación o habiéndolo sido, no se hubiese
tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa; cuando los derechos de
que se trate recaigan sobre bienes de procedencia lícita, pero que hayan sido utilizados o
destinados a ocultar o mezclar bienes de ilícita procedencia, cuando no se justifique el
origen ilícito del bien perseguido en el proceso
.
Los bienes sujetos a extinción del dominio son aquellos susceptibles de valoración
económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, o aquellos sobres los cuales pueda
recaer derecho de propiedad. Igualmente, se entenderá por tales todos los frutos y
rendimientos de los mismos.
Este proceso lo inicia de oficio la Fiscalia General de la Nación, aunque la Dirección
Nacional de Estupefacientes puede intervenir como parte del proceso si tiene algún interés
para actuar. Los bienes y recursos objeto de extinción de dominio ingresarán al Fondo
para la Rehabilitación, Inversión, Social y lucha contra el Crimen Organizado y serán
asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, para fines de inversión social,
seguridad y lucha contra la delincuencia organizada.
SITUACIÓN EN COLOMBIA
El narcotráfico es un fenómeno que está estrechamente relacionado con los grupos
subversivos y de autodefensa en el país. Cerca del 90% de la cocaína que ingresa a
Estados Unidos proviene de Colombia. De ahí surge el interés del Gobierno
Norteamericano en controlar el tráfico de estupefacientes y llevar a cabo programas para
combatir la producción, distribución y consumo. Las FARC controlan cultivos de drogas en
Colombia, protegen laboratorios de procesamiento de coca y a cambio reciben pagos en
efectivo, intercambio de armas, entre otros. Reportes de la DEA indican que miembros
de las FARC en el sur de Colombia están directamente implicados en el tráfico de drogas.
Por lo menos, el Frente 16 de las FARC ha facilitado el tráfico de cocaína a organizaciones
internacionales de tráfico de drogas
5
.
Los grupos de autodefensas también participan de las ganancias derivadas de este
negocio ilícito. Al igual que las guerrillas, las AUC controlan campos de cultivos,
laboratorios de procesamiento de droga y se benefician de la mayor capacidad adquisitiva
que les permite aumentar su arsenal y por tanto su capacidad bélica. No todos los frentes
de las autodefensas participan del proceso de desmovilización llevado a cabo durante la
actual administración y más preocupante aún, existe evidencia de que los bloques que se
desmovilizaron cedieron sus terrenos y los negocios ilícitos que desarrollaban a grupos que
fueron creados recientemente y que no estaban interesados en dejar un negocio tan
lucrativo como el de las drogas ilícitas.
El narcotráfico afecta todas las esferas sociales del país. Los dineros provenientes del
narcotráfico tuvieron un efecto desestabilizador en la economía: estos flujos de capitales
distorsionaron los precios relativos de los bienes y servicios en los que se invirtieron; los
precios de la propiedad raíz y la construcción subieron de forma excesiva durante los
últimos 20 años y es de subrayar, que su incremento fue de manera artificial por cuanto el
valor real no coincidía con el de compra lo que creó una burbuja especulativa; se
concentró la propiedad en los campos y sectores rurales del país, entre otros efectos.
Pero adicionalmente, el narcotráfico estimuló comportamientos nocivos en la sociedad
como el enriquecimiento fácil y los consumos suntuarios. Por otro lado, la crisis de
representación política, los altos niveles de impunidad, los alarmantes niveles de pobreza e
inequidad fueron el caldo de cultivo para la reproducción y el sostenimiento de la
economía del narcotráfico en el país.
Por otro lado, se encuentra la inseguridad que genera el narcotráfico. En los años 90 con
la persecución de los carteles de Medellín y Cali y con la ofensiva terrorista desarrollada en
varias ciudades del país, aumentó la inseguridad y por tanto, disminuyó el interés que
tenían compañías multinacionales para invertir en el país. El desestímulo de la inversión extranjera afecta decisivamente países como Colombia, que necesitan fuertes inyecciones
de capital para alcanzar y potenciar sus niveles de desarrollo. Actualmente, el narcotráfico
se encuentra estrechamente ligado con la insurgencia: son los grupos guerrilleros del país
quienes protegen los campos cultivados de coca y amapola, los laboratorios de
procesamiento de drogas y en algunos casos intervienen en la exportación de los
narcóticos. Estos ingresos unidos a los provenientes por secuestro y extorsión son las
principales fuentes de financiamiento de los grupos al margen de la ley.
El tráfico de armas se encuentra estrechamente ligado con el narcotráfico en Colombia. A
medida que los grupos guerrilleros y de autodefensa aumentan su participación en el tráfico
de estupefacientes, aumenta también su poder adquisitivo para comprar armas y explosivos
en el mercado negro internacional. Estas actividades delictivas comparten la misma
infraestructura de transporte y los mismos corredores estratégicos
6
. En la mayor parte de
los casos, el armamento es intercambiado por droga y viceversa. Los precios no se calculan
en efectivo sino en kilos de cocaína o heroína.
Por otro lado, vale la pena recalcar que la entrada de los intereses de las mafias de las
drogas a la política, tuvo un efecto corruptor determinante. Así, lo que empezó como la
penetración de los dineros ilícitos en los departamentos en donde los capos de la droga
tenían su sede, alcanzó otras fuentes de poder político. Tan peligroso como lo anterior,
fue la financiación de campañas políticas por el narcotráfico, al afectar los intereses de
quienes acceden al poder. La financiación ilícita cambió la lealtad de los partidos
trasladándola de su partido a su financiador, esto le restó credibilidad al sistema político y
afectó la historia del país. Esto se hizo evidente en los numerosos debates sobre proyectos
de ley referentes a la justicia, extradición, proyectos antinarcóticos, sólo por mencionar
algunos casos. En Colombia, la mafia de las drogas no actúa como una mafia clásica, es
decir, como un grupo de crimen organizado con grandes recursos económicos, sino que a
la vez se ha desempeñado como grupo de presión, utilizando el terrorismo y las
influencias políticas para conseguir un reconocimiento mayor.
Por otra parte aunque no menos importante, se encuentra el impacto en el medio
ambiente. El narcotráfico causa grandes estragos a nivel ambiental, especialmente en la
Región Andina, fuente importante de biodiversidad. Colombia cuenta con cerca del 10%
de la diversidad mundial: miles de especies únicas y nativas se pierden cada año por
causa de la tala y quema indiscriminada necesaria para el cultivo de coca y amapola.
Estimaciones afirman que el país ha perdido cerca de 3 millones de acres de bosque
tropical, con la consecuente contaminación de ríos y vertientes de agua por el uso de
químicos y pesticidas. Esto hace que se retrase la posible introducción de cultivos
alternativos por varios años, mientras que los terrenos se recuperan de las agresiones
sufridas.
En Colombia los grupos subversivos que están vinculados con el comercio de narcóticos
generan otra amenaza para el ecosistema andino además de la deforestación y el uso
extendido de los precursores químicos para la producción de narcóticos: la destrucción de
los oleoductos y los derrames tóxicos como resultado de ésta. Es el caso del oleoducto de
Caño Limón en Colombia, que recorre 780 kilómetros desde los campos petroleros en el
departamento de Arauca cerca de la frontera con Venezuela hasta el puerto de Coveñas
en la costa Atlántica. Este oleoducto puede transportar diariamente hasta 230.000 barriles
de petróleo. También es significativo el impacto económico de estos ataques, que
paralizan temporalmente la producción.
El tráfico de estupefacientes tiene un impacto significativo en el fenómeno de
desplazamiento forzado de comunidades indígenas y campesinas. La Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, afirma en su informe anual que los
grupos subversivos y de autodefensas restringen el tránsito y el ingreso de alimentos y
medicinas a muchos lugares del país, afectando la vida en estas comunidades.
MODOS DE OPERAR
Estas organizaciones delictivas utilizan varios sistemas para transportar los alcaloides a
mercados internacionales, entre los principales mecanismos se encuentran:
ƒ Sistemas de mimetizaje:
Utilización de pulpa de fruta y enlatados con encurtidos, los cuales mimetizan los
estupefacientes haciendo difícil su detección.
ƒ Pasantes de drogas
Personas utilizadas para el tráfico de estupefacientes especialmente mediante las
modalidades de ingestión, adhesión al cuerpo, camuflaje en prendas de vestir, en equipaje
o en tejido muscular.
ƒ Contaminación de contenedores
Esta actividad se realiza especialmente en contenedores de tránsito aduanero que llegan a
los diferentes puertos.
ƒ Lanchas rápidas “Go Fast”
Por su gran capacidad, autonomía, reabastecimiento y adaptación, son empleadas para el
envío de grandes cantidades de estupefacientes. Asimismo se desplazan en horas
nocturnas, hacia sitios de tránsito como países centroamericanos e islas caribeñas, donde
luego son embarcados en buques de gran calado hacia Europa y Estados Unidos.
ƒ Sistema de encomiendas
Utilización de agencias de encomiendas, donde camuflan pequeñas cantidades de
estupefacientes de tal manera que pasen desapercibidos por las autoridades
Las principales rutas utilizadas para el envío de cargamentos a Europa son:
Rutas internacionales para el transporte
de heroína:
ƒ Colombia-Holanda
ƒ Colombia-Argentina-Europa
ƒ Colombia-África-Europa
ƒ Colombia-España-Italia
ƒ Colombia-Brasil-África
* Rutas internacionales para el
transporte de cocaína:
ƒ Colombia-Argentina-Argelia-
Europa
ƒ Colombia-Brasil-Argelia-Europa
ƒ Colombia-Venezuela-Aruba-
Europa
ƒ Colombia-Venezuela-Islas CaribesItalia
ƒ Colombia-Caracas-Italia
ƒ Colombia-Venezuela-España
ƒ Colombia-España-Alemania
ƒ Colombia-Londres-Alemania
ƒ Colombia-Bélgica
Colombia-Italia-Japón
ƒ Colombia-Uruguay-Bruselas
ƒ Colombia-Chile-Asia
ƒ Colombia-Europa–Rusia
POLÍTICAS DE CONTROL
En la lucha contra este flagelo el gobierno nacional ha diseñado varias estrategias que
conducen a la disminución del cultivo por medio de los programas de interdicción y por
otra parte, por medio de programas de desarrollo alternativo que ofrezcan alternativas
diferentes a los cultivadores de coca y amapola.
La Política de Seguridad y Defensa Democrática califica el negocio de las drogas ilícitas
como una de las principales amenazas contra el Estado de Derecho, al convertirse en una
efectiva fuente de ingreso para los grupos subversivos y de autodefensa y a la vez, al ser
una amenaza contra la biodiversidad colombiana. En efecto, la Policía Nacional, en
cumplimento de esta iniciativa presidencial lidera la lucha contra el narcotráfico en todas
las áreas, en los programas de fumigación de cultivos y aspersión aérea, con la
incautación de droga y de precursores químicos, la desarticulación de carteles de droga, la
extinción de dominio de bienes propiedad de narcotraficantes y la lucha contra el lavado
de activos.
Es importante recalcar que en los foros internacionales se ha tomado conciencia de la
necesidad de luchar contra este flagelo de manera conjunta basado en el principio de
corresponsabilidad. Es decir, no son sólo los países productores quienes son responsables
de la magnitud el delito, sino también los países consumidores que presionan
significativamente los niveles de demanda, los países productores de insumos químicos y
los países que tienen legislaciones permisivas con el lavado de activos. De esta manera, al
ser un delito de carácter transnacional, cada vez existe más consenso en la comunidad
internacional de las implicaciones de este fenómeno criminal y de que las políticas deben
ser compartidas, ejecutadas de manera conjunta al igual que la responsabilidad.